Meade, ignorante y tramposo

     Juan Campos Vega    

     La propuesta “Seguridad total, cero corrupción”, de José Antonio Meade Kuribreña, precandidato presidencial neoliberal por la coalición “Todos por México”, conformada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido Nueva Alianza (PANAL) ni es nueva ni va al fondo del problema.


Meade planteó cinco puntos: 1) Quitarle el dinero y los bienes a los corruptos, y las armas a la delincuencia organizada; 2) Castigar por igual a quienes cometan el mismo crimen en cualquier lugar del país —implica homologar leyes e instituciones en los ámbitos estatal y federal—; 3) Formar una gran policía con oficiales entrenados, protegidos y muy bien pagados; 4) Los criminales no tendrán donde esconderse gracias al sistema integral de identificación y registro —de criminales, bienes y movimientos financieros—, y 5) Atender todas las causas sociales —particularmente las desigualdades— de la delincuencia común.
     El precandidato desconoce que el artículo 22 constitucional incluye, desde 1982, la apropiación por parte del Estado de bienes producto de actos de corrupción de servidores públicos; que desde 1999 incluyó la extinción de dominio para el caso de delincuencia organizada; que se complementó en 2015 con delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos, trata de personas y enriquecimiento ilícito. Lo que ha faltado es voluntad política, por parte de los gobiernos neoliberales de los que ha formado parte Meade, para acabar con la impunidad.
Meade no sabe que en enero de 2016, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de la Defensa Nacional propusieron a los senadores del PRI y del PVEM un anteproyecto de reforma al mencionado artículo constitucional, que dijeron se convertiría en iniciativa presidencial —lo que nunca sucedió—, para establecer que los bienes que constituyan un incremento patrimonial injustificado de servidores públicos, de particulares y de personas morales deberán estar sujetos a la extinción de dominio.
Los objetivos de la reforma eran: a) dar un paso contra la corrupción; b) suprimir el catálogo de delitos por los que procede la extinción, para permitir la homologación de la normatividad local y federal; c) debilitar las estructuras financieras de la delincuencia organizada. Por lo que se lee, la iniciativa de Meade no es nueva, lo que habría que preguntarle es porque Peña Nieto, con el que trabajó los últimos años, no la propuso al Congreso de la Unión.
A Meade “se le olvido”, que hace un año el Grupo Parlamentario de Morena presentó una iniciativa con ideas similares respecto de la extinción de dominio, por lo que la coordinadora de dicho grupo lo acusa públicamente de plagio de su iniciativa.
El precandidato incluyó en sus comentarios que la Ley de Extinción de Dominio no está actualizada, que la apropiación de bienes depende de la existencia de responsabilidad penal. Pero, el artículo 7 dice que la extinción de dominio se ejercerá, aún cuando no se haya determinado la responsabilidad penal, y el artículo 10 reafirma que la extinción será autónoma de cualquier materia penal simultánea o derivada de la original.
Respecto de las policías, ya sabemos en qué acaban los intentos por contar con cuerpos “profesionales” e “incorruptibles”. El fracaso sistemático en todos los ámbitos: federal, estatal y municipal, que ha obligado a tener al ejército y la armada en las calles realizando labores que no les corresponden.
La pretensión de Meade de “atender todas las causas sociales” —que los neoliberales han empeorado en 35 años— es una burla ante la terrible realidad que vivimos: desempleo, incremento del empleo informal, bajos salarios, pobreza, recursos insuficientes para salud y educación, etcétera. Nada positivo podemos esperar de este precandidato neoliberal, ignorante y tramposo.