Corrupción gubernamental y empresarial

La corrupción en México, siempre ha estado vinculada al poder político y al poder económico. En 2016 —según Transparencia Internacional—, de 176 países, México ocupaba el lugar 123 en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) (con 30 puntos de cien posibles), y en el último lugar de las 35 economías que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Transparencia señala que la falta de contrapesos entre poderes, el número y la gravedad de los casos de corrupción y los niveles de impunidad, fueron determinantes para causar que México cayera 28 posiciones en el IPC, respecto de 2015.

El Departamento de Estado estadounidense ha señalado en tres años consecutivos que México es corrupto, que es sistemático el pago de sobornos a funcionarios gubernamentales, la falsificación de facturas y otros fraudes como el desvío de recursos públicos a empresas privadas.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) estimó que el costo de la corrupción en el sector privado, durante 2016, fue de mil 600 millones de pesos, y señaló que 82.2 por ciento de los empresarios consideraron que estos actos son frecuentes por parte de los funcionarios del poder público.

De acuerdo con el INEGI, el costo promedio de la corrupción por empresa fue de 12 mil 243 pesos, en las compañías industriales de 15 mil 766 y en las empresas medianas, llegó a 84 mil 806 pesos; que 64.6 por ciento de la corrupción se produce para agilizar trámites, 39.4 por ciento para evitar multas o sanciones y 30.7 por ciento para obtener licencias o permisos.

El Banco de México, el Banco Mundial y la revista especializada Forbes, estiman que, en total, la corrupción representa cerca del 9 por ciento del producto interno bruto (PIB).

Habría que sumar las mordidas que pagan los ciudadanos para acceder o facilitar trámites y servicios públicos. Se calcula que los hogares mexicanos destinan, en promedio 14 por ciento de sus ingresos, pero para los que perciben un salario mínimo representa 33 por ciento.

En este entorno se ventila, desde hace meses, un acto de corrupción que involucra al exdirector de Petróleos Mexicanos el priísta, Emilio Lozoya (diciembre de 2012-febrero de 2016), y que presuntamente, en marzo de 2012, cuando formaba parte del comité de campaña de Enrique Peña Nieto, empezó a recibir los pagos que llegaron a un total de 10 millones de dólares y que concluyeron en 2014, y que ese dinero fue depositado en bancos de Suiza y Liechtenstein a nombre de empresas residentes en las Islas Vírgenes Británicas.

En 2013, cuando Peña Nieto ya era presidente, Odebrecht, en alianza con la empresa mexicana Construcciones Industriales Tapia, ganó una licitación para obras en la refinería de Tula, Hidalgo.

Lozoya negó su participación y dijo estar dispuesto a colaborar con las autoridades; además, recordó que durante su gestión la constructora brasileña Odebrecht firmó dos contratos con Petróleos Mexicanos, pero que un comité de Pemex revisa las licitaciones.

Su acusador, Luis Alberto de Meneses Weyll, director o superintendente de Odebrecht en México, entre 2010 y 2017, obtuvo contratos o ampliaciones de los mismos, sobre todo con Pemex, por aproximadamente 2,500 millones de dólares.

Weyll declaró ante autoridades brasileñas, el 16 de mayo de 2017, como responsable de los sobornos en México, debido a la acusación del expresidente de la constructora, Marcelo Odebrecht,  que se reunió con Felipe Calderón en Los Pinos en octubre de 2011, y con Enrique Peña Nieto en mayo de 2010 en Brasil y en noviembre de 2012 en Querétaro, y ya siendo Presidente, en octubre de 2013 en Los Pinos.

Por el bien del país, la PGR debiera informar a la sociedad como se encuentra la investigación y, en su caso, fincar las responsabilidades y consignar a los responsables, para que la impunidad no continúe siendo factor que hunda más a México como uno de los países más corruptos.