México juzgará a varios exfuncionarios por operativo Rápido y Furioso

Entre ellos destacan Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino, ambos presos por casos relacionados al narcotráfico y secuestro.

La Fiscalía General de la República (FGR) de México

obtuvo órdenes de aprehensión contra siete exfuncionarios involucrados en el operativo del Gobierno estadounidense conocido como Rápido y Furioso, entre ellos Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino, entre otros, además del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán.

El operativo, ejecutado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en 2009, tuvo por objeto traficar ilegalmente más de 2.000 armas de fuego hacia México, para identificar a sus usuarios.

Las autoridades mexicanas han acusado también al principal socio de García Luna, Luis Cárdenas Palomino, excoordinador de Inteligencia de la Policía Federal, institución que tiene a otros tres antiguos altos mandos bajo sospecha.

En el caso de García Luna es la tercera que la Justicia mexicano ha lanzado contra él en un nuevo intento por lograr su extradición desde Estados Unidos, donde permanece recluido acusado de narcotráfico y vínculos con el Cártel de Sinaloa. 

Por su parte, Cárdenas Palomino se encuentra desde julio de 2021 encerrado en una cárcel de máxima seguridad de Estado de México por un caso de torturas ejercidas sobre supuestos secuestradores.

El operativo Rápido y Furioso fue coordinado por el Departamento de Justicia estadunidense, con la participación de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), la  Agencia Antidrogas (DEA) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI).

Consistía en permitir el contrabando de armas, a las cuales se les incluyó un chip que supuestamente permitiría rastrearlas; sin embargo, fue imposible localizarlas todas y varias de ellas fueron utilizadas para cometer diversos delitos.

Se ha podido comprobar que fueron empleadas en hechos como el asesinato del agente de la Patrulla Fronteriza Brian Terry, en diciembre de 2010, o el de Jaime Zapata, de la Oficina de Inmigración y Aduanas estadunidense en febrero de 2011, entre otros homicidios.

La FGR señaló que “de conformidad con las investigaciones desarrolladas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, se obtuvo la información necesaria para establecer dicho tráfico ilegal de armas de fuego, que fueron utilizadas en diversos delitos de sangre en el país, desde el año de 2009 hasta fechas recientes”.