Congreso estatal avala reformas constitucionales sobre Poder Judicial y nacionalidad

Con los votos en contra del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), la abstención de la diputada Areli Rubí Miranda Ayala, así como 24 votos a favor, se aprobó la minuta

de reforma constitucional relativa al Poder Judicial de la Federación, que fueron enviadas por el Congreso de la Unión.

En la minita, se explicó que se establece la consolidación de una verdadera carrera judicial para todas las categorías, a la que se accederá mediante concurso de oposición, así como la limitación a la discrecionalidad de nombramientos otorgados por jueces y magistrados.

Además, se establecen políticas que orienten las determinaciones del Consejo de la Judicatura Federal en materia de adscripciones, readscripciones, reincorporaciones y ratificación de juzgadores. También, el reforzamiento de las facultades institucionales del combate a la corrupción y al nepotismo.

De la misma forma, se impulsa la capacitación y profesionalización del personal a través de la creación de una Escuela Judicial, cuya responsabilidad será velar por la capacitación y la carrera judicial de los integrantes del Poder Judicial de la Federación.

Se fortalece el Instituto Federal de la Defensoría Pública; se promueve el establecimiento de Plenos Regionales en sustitución de los Plenos de Circuito, encargados de resolver las contradicciones de tesis en los circuitos sobre los que ejerzan jurisdicción, así como todos los conflictos competenciales que se susciten en el país entre órganos jurisdiccionales.

También, se establece la transformación de los Tribunales Unitarios de Circuito en Tribunales Colegiados de Apelación, con una integración colegiada que asegure mejor calidad y mayor certeza en sus resoluciones; se consolida y fortalece la Suprema Corte de Justicia de la Nación como Tribunal Constitucional.

Se establecen modificaciones al sistema de jurisprudencia, para fortalecer los precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que la doctrina constitucional que genere enmarque la labor del resto de los órganos jurisdiccionales del país. Se establece el principio de paridad de género en la carrera judicial como política pública, principio y regla.

Respecto al Régimen transitorio, se establecen tres previsiones importantes: Diferir la entrada en vigor de los Tribunales Colegiados de Apelación y de los Plenos Regionales, a partir de la entrada en vigor de la legislación secundaria.

Se establecen lineamientos para que el CJF establezca los Tribunales Colegiados de Apelación y los Plenos Regionales, así como para establecer un plazo de 180 días para su proceso de transición, se regula el inicio de la sistematización de Precedentes, y el trámite conforme a la norma vigente al momento de su presentación, de los recursos de reclamación y de revisión administrativa en contra de las designaciones de juezas, jueces, magistradas y magistrados.

En otro orden de ideas, se aprobó la minuta de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de nacionalidad, por lo que se reforma la fracción II del inciso A) del artículo 30, para establecer la obtención de la nacionalidad mexicana por nacimiento, de los hijos de padres mexicanos, de madre mexicana o de padre mexicano que nazcan en el extranjero, sin ser necesario que estos hayan nacido en territorio nacional, para que puedan ejercer su derecho a la identidad.

La reforma constitucional ampliará los derechos de quienes, nacidos en el extranjero, se reconocen como mexicanos por sus raíces, costumbres, idioma y cultura, Esta disposición constitucional evitará que cualquier descendiente de mexicano, ante los vaivenes de los actuares de otros países, se vea en algún momento privado del derecho humano a la identidad y a la nacionalidad.